La tortura en México

La Ley federal para prevenir y sancionar la tortura, promulgada en 1986, no fue eficaz para detener y acabar con los casos de tortura en México. De acuerdo con el autor de este ensayo, ello se debió, entre otras razones, a que la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia consideraba que la declaración inicial del acusado debía prevalecer sobre posteriores declaraciones en diferente sentido. Si esa primera declaración era obtenida bajo tortura —la cual es prácticamente imposible de probar, como es el caso de la tortura psicológica—, la ley no estaba cumpliendo con su cometido; por ello, fue abrogada. El autor señala que, con la reforma constitucional de 1993, ahora existe un proceso penal en el cual el inculpado goza de garantías como el hecho de no poder ser obligado a declarar; de que toda incomunicación, intimidación o tortura estén prohibidas y penadas; y de que las confesiones sólo sean válidas si se rinden ante el Ministerio Público o el juez y con la asistencia de un defensor. En opinión del autor, con las reformas constitucionales y la instauración de las comisiones de derechos humanos (en el ámbito nacional o estatal), la defensa de los derechos humanos en México avanza.